El huachicol fiscal: la herencia operativa tras la reforma energética de 2013
Expertos señalan que el esquema de importación de combustibles durante la pandemia reveló vacíos regulatorios derivados de la apertura del mercado energético hace más de una década.
La estructura normativa establecida en 2013 facilitó un fenómeno conocido como huachicol fiscal, consistente en la evasión masiva de impuestos mediante la simulación de importación de combustibles. Durante el periodo crítico de la pandemia de COVID-19, las autoridades federales detectaron redes que ingresaban hidrocarburos al país bajo etiquetas de aditivos o aceites lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este mecanismo aprovechó la fragmentación en las reglas de importación y el aumento en el número de permisos otorgados a particulares para comercializar productos petrolíferos.
El sistema permitió que empresas comercializadoras declararan sustancias distintas a la gasolina o el diésel, burlando los controles aduaneros y fiscales. Según especialistas en materia energética, la apertura indiscriminada del sector sin los controles de vigilancia adecuados en las terminales de almacenamiento y puertos propició este mercado ilícito. La SHCP y el SAT identificaron que estas operaciones no solo afectaron la recaudación, sino que generaron una competencia desleal contra PEMEX, al comercializar combustibles a precios artificialmente reducidos debido a la evasión tributaria.
La estrategia de supervisión ha sido reforzada recientemente mediante la colaboración entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el SAT para endurecer el control en los puntos de entrada al país. Esta medida busca cerrar las brechas que permitieron durante años la entrada de cargamentos irregulares bajo clasificaciones arancelarias alteradas. A pesar de los operativos de fiscalización, el reto persiste en la trazabilidad de los productos desde que cruzan la frontera hasta que llegan a las estaciones de servicio.
El Poder Ejecutivo ha propuesto fortalecer las facultades de inspección en las aduanas para evitar que los combustibles sean clasificados erróneamente. La política actual se enfoca en la centralización de la vigilancia aduanera para asegurar que cada litro de combustible importado pague los impuestos correspondientes, buscando desarticular las redes logísticas que aún operan en diversas regiones del país. Este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional para recuperar la soberanía energética y fortalecer los ingresos públicos mediante una recaudación más eficiente.
