Tribunales frenan uso indebido del abogado del niño en procesos familiares

Un tribunal familiar determinó sancionar a progenitores y representantes legales tras comprobar que el uso de la figura del abogado del niño estaba siendo distorsionado en un proceso judicial vigente. La resolución se derivó de una audiencia interdisciplinaria donde se evidenció que la menor involucrada no comprendía el alcance del patrocinio legal asignado, lo que permitió concluir que las designaciones cruzadas respondían a estrategias de litigio y conflictos parentales en lugar de proteger los intereses de la infante.

Durante la diligencia, los especialistas del juzgado detectaron que el nombramiento del abogado no cumplía con los estándares mínimos de autonomía y representación efectiva que exige la normativa mexicana. Los jueces señalaron que esta práctica, aunque busca garantizar el derecho de los menores a ser escuchados, fue instrumentalizada para favorecer posturas de los adultos en disputa. Ante esta situación, el órgano jurisdiccional decidió imponer multas a los letrados y apercibimientos a los padres, subrayando la necesidad de proteger la integridad emocional de la menor durante los juicios.

Esta resolución sienta un precedente relevante en el Poder Judicial mexicano respecto a la ética profesional en el derecho familiar. Los juzgadores hicieron un llamado a los despachos jurídicos para evitar que los procesos de guardia y custodia se conviertan en escenarios de manipulación de la figura del representante legal. La sentencia enfatiza que la participación de los menores en tribunales debe ser un ejercicio de protección de sus derechos fundamentales y no una herramienta de presión en litigios civiles.

El equipo jurídico del tribunal destacó que, a partir de este fallo, se fortalecerá la supervisión en la designación de abogados especializados para garantizar que realmente actúen como un puente de comunicación entre el menor y el juez. Se espera que las autoridades locales y los colegios de abogados refuerce la capacitación sobre el interés superior de la niñez para evitar la revictimización en los procesos judiciales que se ventilan en los estados.