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Política

Proponen endurecer penas por agresiones contra elementos de seguridad en México

Legisladores presentaron una iniciativa en el Congreso para incrementar las sanciones penales ante ataques contra agentes de seguridad y crear una fiscalía especializada.

Redacción El Mandato
Foto: moncloa.com

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este domingo una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de reformar el Código Penal Federal para endurecer las penas contra quienes agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad pública. La propuesta busca proteger la integridad física de los elementos de la Guardia Nacional, así como de las policías estatales y municipales, quienes han enfrentado un aumento en situaciones de riesgo durante sus operativos en diversas entidades del país.

Dentro de la exposición de motivos, los legisladores argumentan que el incremento en las agresiones requiere una respuesta institucional más contundente por parte del Estado mexicano. La iniciativa plantea que el atentado contra la autoridad sea tipificado con agravantes que impidan la libertad bajo fianza en casos donde se utilicen armas de fuego o se ponga en peligro la vida de los uniformados. Esta medida busca enviar un mensaje de respaldo a las corporaciones que desempeñan tareas de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva.

Además del endurecimiento de las penas, la propuesta contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Fuerzas de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Este organismo tendría como función exclusiva la investigación, persecución y judicialización de los ataques cometidos contra el personal de seguridad, buscando reducir los niveles de impunidad que prevalecen en este tipo de ilícitos a nivel nacional.

La propuesta deberá ser turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y posible dictaminación en las próximas sesiones legislativas. De ser aprobada, la reforma obligaría a una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los órganos de procuración de justicia para garantizar que las agresiones no queden sin castigo. Hasta el momento, el debate legislativo se mantiene abierto entre las distintas facciones parlamentarias que buscan soluciones a la crisis de seguridad que afecta a diversos municipios del país.

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