Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas por costos en salud pública
Organizaciones civiles y especialistas demandan al Congreso ajustar el gravamen a bebidas alcohólicas para mitigar la carga financiera que representan para el sistema de salud mexicano.
Diversas organizaciones civiles y especialistas en salud pública solicitaron formalmente este martes a la Cámara de Diputados un incremento en el impuesto especial aplicado a las bebidas alcohólicas. La propuesta, presentada en el marco de la discusión presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal, busca desincentivar el consumo excesivo y obtener recursos adicionales para fortalecer los servicios de atención médica en el país.
Los promotores de esta iniciativa argumentan que los costos derivados de la atención a enfermedades crónicas y accidentes vinculados directamente con el alcoholismo superan significativamente la recaudación actual por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según los ponentes, el sistema de salud pública, particularmente el IMSS y el IMSS-Bienestar, enfrenta una presión creciente debido a la demanda de tratamientos especializados que podrían reducirse mediante políticas fiscales más estrictas.
Expertos en políticas públicas señalaron que la medida no solo tendría un impacto recaudatorio, sino que funcionaría como una herramienta de salud preventiva. De acuerdo con los fundamentos expuestos ante el Poder Legislativo, el ajuste en las tasas impositivas permitiría redireccionar fondos para campañas de concientización y programas de rehabilitación integral, los cuales son considerados insuficientes ante el panorama epidemiológico actual.
Por su parte, el sector empresarial vinculado a la producción y distribución de bebidas alcohólicas ha manifestado su preocupación ante posibles incrementos, advirtiendo sobre el impacto en la cadena de valor y el riesgo de fomentar mercados informales. Los representantes de la industria han solicitado una mesa de diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar los efectos económicos de cualquier modificación a la estructura fiscal vigente.
La discusión apenas comienza en el Congreso de la Unión, donde las comisiones correspondientes deberán evaluar la viabilidad de la propuesta frente a las necesidades presupuestarias del país. Se espera que en las próximas semanas se realicen foros de parlamento abierto para escuchar las posturas de académicos, representantes del sector salud y cámaras industriales antes de cualquier votación en el pleno.
