Gobierno mexicano presenta anteproyecto para actualizar la Ley de Asilo vigente
El Poder Ejecutivo presentó una nueva propuesta legislativa en materia de asilo para armonizar la normativa nacional con estándares internacionales de protección.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, aprobó este miércoles el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo. Esta iniciativa busca sustituir la actual Ley 12/2009 con el objetivo de transponer los lineamientos establecidos en la Directiva 2024/1346, reforzando los mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad que solicitan refugio en territorio nacional.
La propuesta legislativa establece una reconfiguración en el procedimiento de análisis de las solicitudes. De acuerdo con el documento presentado, el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá la facultad de aplicar los criterios contenidos en la Directiva 2024/1346 para garantizar que los procesos de asilo se ajusten a los estándares de derechos humanos vigentes a nivel internacional.
Las autoridades señalaron que este anteproyecto responde a la necesidad de modernizar el marco jurídico ante el incremento de flujos migratorios registrados en diversas entidades federativas. El enfoque principal de la reforma propuesta es agilizar la atención a los solicitantes, manteniendo un equilibrio entre la soberanía nacional y el cumplimiento de los tratados internacionales de los cuales México es parte.
El anteproyecto deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por el Congreso de la Unión. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República tendrán la responsabilidad de analizar las implicaciones jurídicas y operativas de esta transición legal, la cual busca dotar de mayor certidumbre jurídica a los procesos que actualmente gestiona la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El equipo de la Secretaría de Gobernación destacó que la transición hacia este nuevo marco legal será gradual. Se espera que, durante los próximos meses, se realicen foros de consulta con organismos especializados para fortalecer el contenido de la iniciativa antes de su votación definitiva en el pleno legislativo.
